Tras un incidente nocturno en Podgorica, donde un grupo de ciudadanos turcos apuñaló a un residente local durante un conflicto, el Gobierno de Milojko Spajić anunció la suspensión temporal del régimen de libre visado para ciudadanos turcos: una señal política de que la seguridad y los controles de entrada pasan a ser prioritarios sobre la apertura previa (la exención de visado estaba vigente desde 2008). La decisión fue confirmada por destacados medios internacionales y fuentes gubernamentales, que registran tanto el propio incidente como la fórmula de respuesta de las autoridades —«pausa temporal + revisión de las normas»—, con la perspectiva de futuras consultas con Ankara sobre un nuevo régimen de visados.
Según informes policiales, tras un fin de semana marcado por la tensión en la capital, fueron detenidos varios decenas de extranjeros —principalmente ciudadanos de Turquía y de Azerbaiyán—; el presidente Jakov Milatović hizo un llamamiento público a la calma y condenó los ataques de represalia contra ciudadanos turcos y sus bienes. Este conjunto de medidas —refuerzo de patrullas, controles selectivos de la legalidad de la estancia y detenciones preventivas— se ajusta a la lógica de una «rápida estabilización» del orden tras los incidentes con apuñalamientos.
El trasfondo sociopolítico se ha intensificado: en las calles de Podgorica se escucharon consignas antiturcas, y se registraron actos de vandalismo; en particular, fue destrozado un establecimiento de un ciudadano turco en el centro de la ciudad y se incendió el coche de un propietario turco. Estos episodios aumentan el riesgo de «responsabilidad colectiva», cuando un único delito desencadena una cadena de reacciones xenófobas que perjudican la seguridad de las personas y el clima empresarial.
La dimensión interestatal se desarrolla en paralelo: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía se puso en contacto con rapidez con el primer ministro montenegrino y con responsables de seguridad, insistiendo en garantías de derechos y protección para los ciudadanos turcos; por su parte, Podgorica declara «consultas intensivas» con Ankara para encontrar un modelo que combine la seguridad pública con la continuidad de la interacción económica. Esto significa que la «pausa» en la exención de visado no es solo un gesto punitivo, sino también un instrumento para reformatear las reglas de acceso: son posibles nuevas formas de visados de corta duración, procedimientos obligatorios de registro o criterios más elevados para visitantes de negocios.
La proyección económica de la situación es ambigua. Las empresas turcas en Montenegro son un actor destacable en el comercio, la hostelería y el sector inmobiliario, especialmente en la costa adriática; la retirada de la exención de visado casi con toda seguridad reducirá la movilidad de empresarios y trabajadores, complicará la planificación estacional y ralentizará los procesos transaccionales. Las estimaciones sobre el tamaño de la comunidad turca varían: diversas fuentes citan aproximadamente 13.300 ciudadanos turcos residentes oficiales (una cifra superior a las estimaciones de 2–3 mil mencionadas en algunos materiales), y para este grupo son cruciales procedimientos claros y previsibles para la prórroga de estancias y el desarrollo de actividades empresariales, a fin de evitar la salida de inversiones y un «enfriamiento» del empleo en turismo y servicios.
En el plano de la política interna, la decisión de las autoridades cumple varias funciones a la vez: demuestra control y sensibilidad ante la demanda de seguridad; corta el argumento de las «puertas abiertas» para infractores; y al mismo tiempo reduce riesgos reputacionales ante la UE, con la que Montenegro negocia su adhesión, alineando los regímenes migratorios y los estándares de orden público con la práctica europea. No obstante, una «dureza» excesiva sin una contención simultánea de la xenofobia puede provocar una escalada de tensiones étnicas y causar un daño a largo plazo a la imagen de inversión del país; por eso el mensaje del presidente sobre la inadmisibilidad de ataques contra turcos es un marcador de equilibrio de importancia sistémica.
De ello se derivan los escenarios inmediatos. El primero es el «deshielo controlado»: tras la estabilización y la desescalada de la violencia, y después de acordar los parámetros técnicos con Ankara, Podgorica restablece la entrada simplificada en un formato actualizado (por ejemplo, mediante declaraciones obligatorias del propósito del viaje o visados categorizados y acelerados para inversores y trabajadores). El segundo es la «pausa larga»: el régimen de visados se consolida, los criterios para verificar el propio propósito de entrada y la legalidad de la estancia se vuelven más estrictos, y los procesos empresariales de las compañías turcas se encarecen y ralentizan, con el riesgo de que las inversiones se redirijan a jurisdicciones vecinas. El tercero es la «turbulencia social»: si la respuesta de las fuerzas del orden a los pogromos antiturcos es asistemática, el ánimo público se radicalizará, y ni siquiera un filtro de visado correctamente calibrado compensará la pérdida de confianza de inversores y turistas. Por el momento, las comunicaciones gubernamentales —sobre consultas con Turquía y la salvaguarda del orden público— indican que la apuesta es por la primera vía, de compromiso.
En resumen, la decisión de Montenegro de suspender la exención de visado es una «señal de alarma» a nivel sistémico: las autoridades están extinguiendo simultáneamente una crisis de seguridad coyuntural y tratando de revisar la arquitectura de los procedimientos migratorios conforme a estándares de control y previsibilidad. Sin embargo, la sostenibilidad de este rumbo estará determinada no solo por el rigor de los filtros fronterizos, sino también por la capacidad del Estado para proteger a los residentes legales y a los empresarios de castigos colectivos, llevar a los responsables ante la justicia y preservar los canales de cooperación económica con Turquía, un socio que ya exige garantías de seguridad para sus ciudadanos y está dispuesto a negociar nuevas reglas del juego.
DELINCUENCIA, inversiones, MONTENEGRO, opinión pública, PODGORICA, Turquía