A finales de enero de 2026, un grupo de trabajo del Ministerio de Defensa de Finlandia propuso modificar el mecanismo de expropiación (compra forzosa) de bienes inmuebles por motivos de seguridad nacional y transferir la competencia para conceder autorizaciones para dicha expropiación exclusivamente al Ministerio de Defensa. En el comunicado del Gobierno se señala que el procedimiento vigente era difícil de aplicar, ya que las autorizaciones son formalmente competencia de diferentes organismos.
Entre las propuestas del grupo de trabajo se encuentran la ampliación de las posibilidades de reacción rápida en casos urgentes, incluida la introducción más temprana de la prohibición de realizar operaciones con el objeto, la toma de posesión temporal de la propiedad inmobiliaria, así como la unificación del enfoque de las indemnizaciones por expropiación y la planificación de la financiación de dichos procedimientos en el presupuesto.
El contexto para estas medidas sigue siendo la preocupación de las autoridades finlandesas por los riesgos de «influencia hostil» a través de transacciones inmobiliarias. Anteriormente, el Gobierno y el Ministerio de Defensa endurecieron sistemáticamente las normas para los compradores de países fuera de la UE y del EEE, y promovieron restricciones dirigidas, de hecho, principalmente a los ciudadanos de la Federación de Rusia. En abril de 2025, el Parlamento finlandés aprobó una ley que restringe la compra de inmuebles por parte de ciudadanos de países que libran «guerras agresivas», aunque en el ámbito público se interpretó como una prohibición para los rusos que no son residentes permanentes.
El ministro de Defensa, Antti Hykkänen, había declarado anteriormente que, en materia de control inmobiliario, Finlandia había tomado «decisiones demasiado ingenuas» en la década de 2000 y que ahora estaba «corrigiendo sistemáticamente los problemas detectados».
Por lo tanto, en este momento no se trata de una campaña declarada de «confiscación masiva» de propiedades de ciudadanos de todos los países fuera de la UE, sino de reforzar los instrumentos jurídicos del Estado para intervenir en los casos en que determinados inmuebles se consideren una amenaza potencial para la seguridad nacional, así como de continuar con la línea de limitar las nuevas transacciones para determinadas categorías de compradores extranjeros.
CONTROL, Finlandia, inmuebles, SEGURIDAD
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