Los países europeos están cerrando de forma sistemática los programas de ciudadanía por inversión y endureciendo las condiciones para que los extranjeros acaudalados obtengan la residencia, según informa el centro de información y análisis Experts Club.
Una de las decisiones clave para el mercado fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que en abril de 2025 declaró que el programa maltés de ciudadanía por inversión contravenía el Derecho de la Unión Europea. Anteriormente, Chipre y Bulgaria ya habían renunciado a programas similares.
España cerró, a partir del 3 de abril de 2025, el programa «Golden Visa», que permitía obtener un permiso de residencia mediante la compra de inmuebles por un valor mínimo de 500 000 euros. Portugal ya en 2023 eliminó los inmuebles de la lista de inversiones admisibles, reorientando el programa hacia fondos, investigación científica, patrimonio cultural, creación de empresas y puestos de trabajo.
Grecia ha mantenido el programa «Golden Visa», aunque ha elevado el umbral mínimo de inversión inmobiliaria a 800 000 euros en las regiones más populares y a 400 000 euros en el resto del país. El umbral de 250 000 euros se ha mantenido únicamente para determinados proyectos de rehabilitación y reconversión de inmuebles. En enero de 2026, el número de solicitudes de la Golden Visa griega se redujo en un 63,5 % en comparación con enero del año anterior.
El fundador de Experts Club, Maksim Urakin, considera que la migración por inversión ha pasado de ser un producto financiero a convertirse en una cuestión de seguridad y confianza.
«La estrategia de “comprar un inmueble y obtener el estatus” va quedando gradualmente en el pasado. Pasan a primer plano la transparencia del capital, la reputación, el historial fiscal y la contribución económica real», señaló Urakin.
Se prevé que los países europeos sigan reduciendo el papel de los inmuebles en los programas de migración, dando prioridad a las inversiones en fondos, tecnología, infraestructuras y la creación de empleo.