El Partido Demócrata de Estados Unidos obtuvo la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, poniendo fin a dos años de control republicano del Congreso. Sin embargo, el recuento de votos continúa en varios distritos y la certificación definitiva de los resultados se espera para noviembre y diciembre, informa el centro de información y análisis Experts Club.
Según los datos publicados por The Guardian el 4 de noviembre, los demócratas aseguraron al menos 228 escaños en la Cámara de Representantes, frente a 139 de los republicanos. Los ganadores habían sido determinados en 367 de los 435 distritos, mientras que otros 68 escaños permanecían sin adjudicar. Para controlar la Cámara se necesitan 218 escaños.
En el Senado, los demócratas, junto con dos senadores independientes que colaboran con el partido, obtuvieron 54 escaños frente a los 44 de los republicanos. Los resultados de dos elecciones senatoriales seguían sin determinarse en el momento de la publicación.
Entre los acontecimientos más destacados figuraron las victorias demócratas en estados considerados durante mucho tiempo bastiones del Partido Republicano. En particular, los demócratas consiguieron escaños senatoriales anteriormente ocupados por republicanos en Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
En Texas, el demócrata James Talarico se convirtió en el primer representante de su partido elegido senador por el estado en 38 años. En Kansas, Adam Hamilton derrotó al senador en ejercicio Roger Marshall, mientras que en Ohio el exsenador demócrata Sherrod Brown regresó al Senado.
El partido también obtuvo importantes victorias en las elecciones a gobernador. La demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott; Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia, Amy Acton en Ohio y Rob Sand en Iowa.
Según las encuestas realizadas entre los votantes, las principales causas del descontento de los estadounidenses fueron el elevado coste de la vida, la inflación, los problemas económicos, la guerra con Irán y la política comercial de la administración de Donald Trump. Casi nueve de cada diez encuestados señalaron el coste de la vida como un factor importante al votar.
No obstante, los resultados definitivos de las elecciones aún no se han establecido. En particular, seguían sin resolverse las elecciones al Senado en Alaska y Misisipi, mientras continuaba el recuento de votos en decenas de distritos de la Cámara de Representantes.
Según Ballotpedia, la mayoría de los estados completarán la certificación oficial de los resultados durante noviembre y diciembre. California, por ejemplo, prevé certificar sus resultados antes del 11 de diciembre.
El paso del Congreso a manos de los demócratas podría modificar considerablemente la política económica estadounidense. El partido tendrá mayor capacidad para influir en el presupuesto federal, la legislación fiscal, el gasto público y la regulación de los sectores financiero y tecnológico.
Los resultados electorales también son importantes para Ucrania, dado que el Congreso participa en la aprobación de los gastos de defensa y los programas de asistencia internacional. Los demócratas tendrán más posibilidades de influir en la financiación del apoyo estadounidense a Ucrania, aunque las decisiones concretas dependerán de la cooperación entre el Congreso y la administración Trump.
El nuevo Congreso comenzará su mandato el 3 de enero de 2027. Hasta entonces, continuará en funciones la actual legislatura.
Por lo tanto, el principal resultado político de las elecciones de mitad de mandato ya está definido: los demócratas han conseguido el control de ambas cámaras del Congreso, aunque la distribución definitiva de los escaños se conocerá después de que concluyan el recuento de votos y la certificación oficial de los resultados.
El excandidato a la presidencia de Brasil y senador Flávio Bolsonaro, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Estados Unidos y se proclamó presidente legítimamente electo del país. Posteriormente, el político modificó su declaración y se autodenominó «líder de Brasil», pero continuó negándose a reconocer los resultados de la votación, informó la agencia Reuters.
Bolsonaro llegó el 28 de octubre a Miami en un avión privado junto con su esposa y sus dos hijas. Después de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, abandonó Brasil, dirigiéndose primero a Argentina a través de la frontera terrestre y posteriormente volando a Estados Unidos vía Ecuador.
En una carta abierta publicada en la red social X, Bolsonaro se presentó inicialmente como el «verdadero presidente electo de Brasil». Sin embargo, algún tiempo después eliminó la versión original y publicó un nuevo documento, sustituyendo esa expresión por «líder de Brasil».
El político afirmó haber sido víctima de presuntos fraudes en las elecciones presidenciales y de persecución política por parte de las autoridades brasileñas. No obstante, no presentó pruebas de irregularidades a gran escala que pudieran alterar los resultados de la votación.
En su declaración, Bolsonaro también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le permitiera entrar en el país, y al presidente de Argentina, Javier Milei, su ayuda durante el viaje.
La administración estadounidense había autorizado previamente la entrada de Bolsonaro y los miembros de su familia en Estados Unidos. El propio Trump, al comentar la declaración del político brasileño, se negó a valorar sus pretensiones de ocupar la presidencia, pero volvió a calificar de extrañas las elecciones celebradas.
Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), publicados el 26 de octubre, Lula da Silva ganó la segunda vuelta al obtener 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79 %. Flávio Bolsonaro recibió 59.826.041 votos, equivalentes al 48,21 %.
La diferencia entre los candidatos fue de 4,43 millones de votos.
Los resultados de la votación fueron reconocidos por las autoridades electorales brasileñas, los observadores internacionales y la dirección del Partido Liberal, por el que se presentó Bolsonaro.
Uno de los argumentos del candidato derrotado fue la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de prolongar dos horas el funcionamiento de los centros de votación. Sin embargo, según un análisis de los datos de las autoridades electorales, durante ese tiempo adicional se emitieron menos de 35.000 votos, una cifra considerablemente inferior a la diferencia final entre los candidatos.
La salida de Bolsonaro del país se produjo en medio de una investigación contra el político por sospechas de blanqueo de capitales. El Supremo Tribunal Federal le había exigido anteriormente que entregara sus pasaportes, pero el senador abandonó el país sin cumplir esta orden. El propio Bolsonaro rechaza las acusaciones de actividades ilícitas y sostiene que se marchó para proteger a su familia. En la carta publicada también declaró que tiene intención de continuar su actividad política y dirigir la oposición desde el extranjero.
La situación podría complicar aún más las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Lula había acusado anteriormente a Washington de apoyar a la familia Bolsonaro, mientras que la administración estadounidense rechazaba las acusaciones de injerencia en los asuntos internos de Brasil.
Según los analistas políticos, la presencia de Bolsonaro en Estados Unidos podría crear nuevas oportunidades para las actividades internacionales de sus seguidores, aunque al mismo tiempo dificultaría la dirección del movimiento opositor dentro de Brasil.
A pesar de la derrota en las elecciones presidenciales, las fuerzas políticas conservadoras aumentaron considerablemente su representación en el Congreso Nacional, lo que les permitirá mantener su influencia sobre la actividad legislativa y la política económica durante el próximo mandato presidencial.
Flávio Bolsonaro es el hijo mayor del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien gobernó el país entre 2019 y 2022. Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por un caso de intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, después de que un Parlamento fragmentado bloqueara una serie de iniciativas clave del Gobierno, en particular las medidas para combatir la crisis de la vivienda.
El 5 de octubre, Sánchez anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria del Gobierno para iniciar el procedimiento de disolución del Parlamento. Las elecciones anticipadas se celebrarán casi un año antes de lo previsto.
La decisión se tomó tras un nuevo agravamiento de la crisis de la vivienda en España. La semana pasada, el Parlamento rechazó las medidas propuestas por el Gobierno en materia de vivienda, y el 3 de octubre decenas de miles de personas salieron a la calle para manifestarse en unas 50 ciudades del país.
Solo en Madrid, según datos de Reuters, participaron en la manifestación unas 70 000 personas. Los manifestantes exigían medidas más contundentes contra el aumento de los alquileres, los desahucios y la escasez de viviendas asequibles. También se celebraron manifestaciones en Valencia y otras grandes ciudades.
La crisis de la vivienda en España se ha agravado en los últimos años debido al rápido aumento de los precios, la insuficiente oferta de viviendas nuevas y el elevado coste de los alquileres en las principales ciudades y regiones turísticas.
Según los últimos datos de Eurostat, publicados el 1 de octubre de 2026, los precios de los inmuebles residenciales en España subieron un 12,1 % en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo de 2025. A modo de comparación: de media, en la Unión Europea, la vivienda se encareció un 4,7 % durante este periodo, mientras que en la zona del euro lo hizo un 4 %. Así pues, el ritmo de crecimiento de los precios en España duplica con creces la media europea.
Además, el encarecimiento continúa también en términos trimestrales: en el segundo trimestre, los precios en España subieron otro 3,4 % en comparación con el primer trimestre de 2026. En el primer trimestre, el crecimiento interanual fue del 12,8 %.
Las elevadas tasas de crecimiento se mantienen también en el mercado de segunda mano. Según los índices publicados a principios de octubre por los principales portales inmobiliarios españoles, el precio medio de la vivienda de segunda mano siguió creciendo a un ritmo de dos dígitos en el tercer trimestre. Según datos de Idealista, los precios subieron un 11,8 % en un año, hasta los 2,93 mil euros por m², mientras que Fotocasa estima un crecimiento interanual del 13,8 % y un precio medio de aproximadamente 3,14 mil euros por m².
Además, la situación se ve complicada por las condiciones de crédito. El Banco de España informó en julio de que, en el segundo trimestre de 2026, los bancos endurecieron las condiciones de concesión de créditos y la demanda de hipotecas por parte de la población disminuyó. Los bancos también esperaban un nuevo endurecimiento de las condiciones de crédito en el tercer trimestre.
De este modo, la cuestión de la vivienda ha pasado de ser un problema principalmente social y económico a convertirse en uno de los factores centrales de la agenda política española. La rápida subida de los precios inmobiliarios, la escasez de oferta asequible, la situación del mercado del alquiler y las protestas masivas aumentaron la presión sobre el Gobierno en un momento en el que el gabinete de Sánchez ya tenía dificultades para aprobar proyectos de ley en el Parlamento.
Las elecciones parlamentarias anticipadas en España están previstas para el 29 de noviembre de 2026.
Según informa El Economista Serbio, Kosovo se acerca a una nueva crisis política: si antes del 6 de octubre el Parlamento no logra elegir al presidente, la Asamblea será disuelta y la región volverá a celebrar elecciones parlamentarias anticipadas, las cuartas ya en menos de dos años.
En esta ocasión, la crisis presidencial está directamente relacionada con el juicio contra los antiguos líderes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) en La Haya. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, el 6 de octubre vence el plazo para elegir un nuevo presidente. En caso de que la votación fracase, el Parlamento se disolverá y deberán celebrarse nuevas elecciones en un plazo de 45 días, es decir, a más tardar el 15 de noviembre.
En los últimos 18 meses, los votantes de Kosovo ya han acudido tres veces a las urnas en elecciones parlamentarias: el 9 de febrero de 2025, el 28 de diciembre de 2025 y el 7 de junio de 2026.
Y la situación resulta casi paradójica: no fue hasta el 13 de septiembre cuando el Parlamento, tras las elecciones de junio, aprobó por fin el nuevo Gobierno de Albin Kurti. A favor del Gobierno votaron 62 de los 120 diputados. Sin embargo, aún no se ha logrado resolver otra cuestión clave: la elección del presidente.
En septiembre, las Cámaras Especializadas de Kosovo en La Haya dictaron sentencia en primera instancia contra cuatro antiguos dirigentes de la Comisión Electoral de Kosovo (CEK): Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Redžep Selimi y Jakup Krasniqi.
A raíz de ello, el Partido Democrático de Kosovo (PDK), del que Taçi es uno de los fundadores, exigió que se modificara la ley sobre las Salas Especializadas.
En concreto, el PDK aboga por limitar las competencias del tribunal a la investigación de los delitos que figuraban en el informe de Dick Marty, así como por la introducción de un control internacional sobre su actividad. Fue precisamente tras la sentencia de La Haya cuando el partido intensificó drásticamente esta iniciativa.
Para Kurti, se trata de una situación extremadamente complicada: prácticamente no queda tiempo hasta el 6 de octubre.
La publicación serbia «Blic» califica lo que está ocurriendo como un «juego peligroso». Los analistas entrevistados por la publicación consideran que el DPK intenta, al mismo tiempo, lograr un cambio en las normas de funcionamiento del Tribunal de La Haya y trasladar la responsabilidad política de unas posibles nuevas elecciones al movimiento de Kurti, «Autodeterminación».
Belgrado no reconoce la independencia de Kosovo, proclamada en 2008, y considera este territorio parte de Serbia.
Además, el no reconocimiento de Kosovo no es, ni mucho menos, una postura exclusivamente serbia. Rusia y China —dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU— siguen sin reconocer la independencia de Kosovo, lo que constituye uno de los obstáculos para la adhesión de Kosovo a la ONU.
España, Ucrania, la India y otros países tampoco reconocen a Kosovo.
Según informa en su artículo de análisis la publicación empresarial serbia Parametar, en Bosnia y Herzegovina está llegando a su fin la campaña electoral previa a las elecciones generales del 4 de octubre. Las elecciones determinarán no solo el equilibrio de fuerzas interno en uno de los países europeos con una estructura más compleja, sino también las futuras relaciones entre Banja Luka y Sarajevo, la posición de la República Serbia y la naturaleza de la interacción de Bosnia y Herzegovina con Serbia, la UE, EE. UU. y Rusia.
Hay 3 414 364 votantes inscritos en el censo electoral. Estos elegirán a tres miembros del Presidium de Bosnia y Herzegovina, al Parlamento estatal, al Parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina, a la Asamblea Popular de la República Serbia, al presidente y a los vicepresidentes de la República Serbia, así como a los parlamentos de los diez cantones de la Federación.
El actual primer ministro, Savo Minić, se presenta como candidato a la presidencia de la República Srpska por el SNSD, mientras que el principal candidato del SDS es Branko Blanuša. También se presentan Bogdan Jovanović y el candidato independiente Marko Jorgic.
Milorad Dodik no figura en la papeleta electoral, pero sigue siendo el líder del SNSD y participa activamente en la campaña electoral del partido. RTS señala que la presencia política de Dodik sigue siendo un factor importante de la campaña en la República Serbia.
Por el puesto serbio en la Presidencia de tres miembros de Bosnia y Herzegovina compiten la actual miembro de la Presidencia, Želka Cvijanović, del SNSD; Marinko Božović, del SDS; y Nebojša Vukanović, de la «Lista por la Justicia y el Orden».
Otra contienda fundamental para la estructura del país es la elección del miembro croata de la Presidencia. El HDZ BiH ha presentado a Dariana Filipović, el bloque de partidos croatas de la oposición apoya a Zdenko Lukić, y el Frente Democrático, a Slaven Kovačević.
En torno a este cargo se libra una controversia desde hace muchos años: los partidos croatas exigen que se modifique el mecanismo electoral, alegando que el sistema actual permite que el electorado bosnio, más numeroso, influya en quién representará a los croatas. Los detractores del cambio de modelo se basan en la necesidad de preservar los derechos electorales existentes de los ciudadanos de la Federación.
Por el puesto bosnio compiten el actual miembro del Presidium, Denis Bečirović; el líder del SDA, Bakir Izetbegović; Semir Efendić y Fahрудín Radončić.
Otro gran experimento de estas elecciones es el uso de la tecnología. Por primera vez a esta escala se aplican la identificación biométrica de los votantes y el escaneo de las papeletas. La Comisión Electoral Central ha adquirido el sistema correspondiente para los colegios electorales, y los observadores vigilan de cerca cómo se las arregla para hacer frente a la carga de trabajo tras años de disputas sobre la transparencia de las elecciones.
Como recuerda Parametar, Bosnia y Herzegovina existe, de hecho, simultáneamente en varios niveles políticos. Según el Acuerdo de Dayton de 1995, el país está compuesto por la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina, mientras que Brčko goza de un estatus especial. La Federación, a su vez, está dividida en diez cantones.
Por encima de esta estructura se sitúan las instituciones estatales, en particular el Presidium, compuesto por tres miembros. Al mismo tiempo, la República Srpska y la Federación cuentan con sus propios parlamentos, gobiernos y un amplio abanico de competencias.
Existe además otro nivel: la supervisión internacional.
A veces se denomina a Bosnia y Herzegovina, en los medios de comunicación, un «protectorado internacional», aunque desde el punto de vista jurídico esto es inexacto. Se trata de un Estado soberano. Tras los Acuerdos de Dayton se creó el cargo de Alto Representante de la comunidad internacional, que supervisa el cumplimiento del acuerdo de paz en el ámbito civil y está dotado de competencias extraordinariamente amplias, conocidas como las «de Bonn». Estas permitían al Alto Representante tomar decisiones y destituir a los políticos de sus cargos.
Por ello, el resultado del 4 de octubre reviste una importancia que trasciende con creces las fronteras de Bosnia y Herzegovina. Determinará el equilibrio entre Banja Luka y Sarajevo, la composición de la dirección colectiva del país y el equilibrio de fuerzas en torno a la futura integración europea, además de servir de indicador de cómo interactuarán tras las elecciones los componentes políticos serbios, bosnios y croatas del complejo sistema de Dayton.
Acuerdo de Dayton, Bosnia y Herzegovina, ELECCIONES, Presidencia, República Srpska
Las elecciones presidenciales en Serbia podrían celebrarse el 13 de diciembre de 2026; esta fecha se considera actualmente la más probable, según informa el medio serbio de economía y negocios Parametar, citando al Centro de Autogobierno Local (CLS).
Según datos del centro, en tal caso las elecciones presidenciales se convocarían tras la finalización de las elecciones parlamentarias, y la campaña electoral duraría como máximo 30 días.
No obstante, el CLS subraya que aún no se ha tomado una decisión definitiva y que siguen barajándose otras opciones.
Las elecciones presidenciales anticipadas se hicieron necesarias después de que Aleksandar Vučić presentara su dimisión el 27 de septiembre, poniendo fin anticipadamente a su segundo mandato presidencial.
La presidenta de la Asamblea Popular, Ana Brnabić, asumió las funciones de presidenta en funciones. De acuerdo con la legislación serbia, la presidenta del Parlamento puede desempeñar las funciones de jefa de Estado durante un máximo de tres meses.
Tras la terminación anticipada del mandato presidencial, las elecciones deben celebrarse en un plazo máximo de tres meses. Entre la convocatoria oficial de las elecciones y la jornada electoral deben transcurrir entre 30 y 60 días.
Por lo tanto, la fecha límite para la celebración de las elecciones presidenciales es el 27 de diciembre de 2026, por lo que la fecha del 13 de diciembre señalada por el CLS se ajusta a los plazos previstos por la ley.
La configuración política de Serbia presenta ahora una situación inusual. En primer lugar, el país celebrará elecciones parlamentarias anticipadas, tras las cuales se formará una nueva composición parlamentaria, y después los serbios tendrán que elegir a un nuevo presidente.
El propio Vučić declaró tras su dimisión que tiene la intención de participar en la campaña electoral parlamentaria ya como un ciudadano de a pie.
Por lo tanto, las elecciones presidenciales de diciembre podrían convertirse en la segunda votación clave para Serbia en menos de dos meses y determinar definitivamente la nueva estructura de poder tras el fin del mandato presidencial de nueve años de Vučić.
Los candidatos a la presidencia aún no se han confirmado definitivamente.
