La economía ucraniana mantiene en 2026 una relativa estabilidad macrofinanciera gracias al apoyo internacional y a la adaptación de las empresas a las condiciones de guerra. Sin embargo, las bajas tasas de crecimiento del PIB, el aumento del déficit del comercio exterior y la escasez de recursos laborales siguen siendo los principales obstáculos para su recuperación.
Así se señala en un análisis de los principales indicadores económicos de Ucrania y del mundo, presentado el 6 de noviembre de 2026 por Maksym Urakin, director de Desarrollo y Marketing de la agencia Interfax-Ucrania, doctor en Ciencias Económicas (PhD) y fundador del centro de información y análisis Experts Club.
El estudio abarca principalmente los indicadores correspondientes a enero-julio de 2026 y al segundo trimestre, así como determinadas revisiones estadísticas publicadas después de finalizar el período de referencia.
Según los datos del Servicio Estatal de Estadística, el PIB real de Ucrania aumentó apenas un 0,4% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, respecto al primer trimestre, teniendo en cuenta el factor estacional, la economía creció un 0,3%.
De este modo, tras una contracción del 0,6% en el primer trimestre, la economía ucraniana volvió a registrar una dinámica positiva. Sin embargo, el ritmo de recuperación sigue siendo insuficiente para restablecer rápidamente el potencial productivo.
En julio, el Banco Nacional de Ucrania elevó su previsión de crecimiento del PIB para 2026 al 1,8%, mientras que para 2027-2028 esperaba una aceleración de aproximadamente el 2,8-3% anual.
Uno de los principales desafíos sigue siendo el comercio exterior. Según el Servicio Estatal de Aduanas, el intercambio comercial de bienes de Ucrania entre enero y julio de 2026 ascendió a 82.200 millones de dólares, incluidos 24.100 millones de dólares en exportaciones y 58.100 millones de dólares en importaciones. El saldo negativo del comercio de mercancías alcanzó aproximadamente 34.000 millones de dólares.
China siguió siendo el mayor proveedor de bienes a Ucrania, desde donde se importaron productos por valor de 16.800 millones de dólares. Los siguientes puestos los ocuparon Polonia, con 5.500 millones de dólares, y Alemania, con 3.800 millones de dólares.
Los principales mercados de destino de los productos ucranianos fueron Polonia, Turquía y Alemania. Al mismo tiempo, los productos alimentarios representaron alrededor del 58,5% del total de las exportaciones de mercancías de Ucrania.
Según la valoración de Urakin, para reducir el déficit comercial estructural, Ucrania necesita aumentar la producción de bienes de alto valor añadido, desarrollar la industria de transformación y crear nuevas capacidades de exportación.
Las reservas internacionales siguen siendo un factor importante de estabilidad macrofinanciera. A fecha del 1 de agosto de 2026, su volumen ascendía a 51.200 millones de dólares, prácticamente sin cambios durante julio.
Al mismo tiempo, el Banco Nacional vendió alrededor de 4.760 millones de dólares en el mercado de divisas durante el mes, lo que indica una considerable necesidad de moneda extranjera por parte de la economía.
La situación de la inflación también sigue siendo complicada. En julio, los precios al consumidor aumentaron un 7,7% interanual, frente al 7,2% de junio. La inflación subyacente se situó en el 8,1%, mientras que la inflación de los servicios alcanzó el 13,7%.
En el ámbito presupuestario, la principal prioridad siguió siendo la financiación de la defensa. Durante siete meses se destinaron 1,63 billones de grivnas a seguridad y defensa, equivalentes al 63,2% de los gastos del fondo general del presupuesto estatal.
Al mismo tiempo, la ayuda internacional en forma de subvenciones ingresada en el fondo general ascendió a 569.600 millones de grivnas.
La deuda estatal y garantizada por el Estado de Ucrania alcanzó a finales de julio los 9,57 billones de grivnas, equivalentes a aproximadamente 214.200 millones de dólares. Al mismo tiempo, el predominio de la financiación internacional en condiciones favorables permite contener el coste de su servicio.
A pesar de la difícil situación económica, determinados sectores mostraron una dinámica positiva. En particular, la producción agrícola entre enero y julio aumentó un 17,2% en comparación con el mismo período de 2025.
El salario nominal medio en julio ascendió a 32.243 grivnas, un 21,7% más que un año antes.
Al mismo tiempo, los empleadores siguen enfrentándose a una escasez de trabajadores cualificados, principalmente en la industria, la construcción y la logística.
El análisis también examina la situación económica de Estados Unidos, la Unión Europea, China, India, el Reino Unido, Turquía y Brasil.
Según las previsiones de julio del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial debía crecer un 3% en 2026 y un 3,4% en 2027.
En el segundo trimestre de 2026, la economía de la zona euro, según los datos revisados, aumentó un 0,6% respecto al trimestre anterior, mientras que el PIB del Reino Unido creció un 0,4%.
China registró un crecimiento económico del 4,7% durante el primer semestre del año, mientras que India aumentó su PIB un 7,8% interanual entre abril y junio.
Al mismo tiempo, la inflación anual en Turquía se mantuvo en julio en el 31,75%, una cifra considerablemente superior a la de la mayoría de las otras grandes economías.
Según el fundador de Experts Club, las tendencias mundiales confirman la creciente importancia del desarrollo tecnológico, la modernización industrial y las inversiones en producción.
Para Ucrania siguen siendo especialmente importantes la localización de la producción, el desarrollo del complejo industrial de defensa, la transformación agroindustrial, la ingeniería mecánica, la autonomía energética y las tecnologías digitales.
Urakin considera que la futura política económica de Ucrania debe orientarse no solo a cubrir las necesidades presupuestarias actuales, sino también a la creación de nuevos activos productivos capaces de garantizar un crecimiento a largo plazo.
Precisamente la transición de la dependencia de la financiación externa al desarrollo de la producción nacional y de las exportaciones de productos de alto valor añadido debe convertirse, según su valoración, en la base de una recuperación sostenible de la economía ucraniana después de la guerra.
El análisis completo de Maksym Urakin, titulado «Principales indicadores económicos de Ucrania y del mundo a finales de julio y principios de agosto», fue publicado el 6 de noviembre de 2026 en el sitio web de la agencia de noticias Interfax-Ucrania.
Fuente: Interfax-Ucrania, análisis del 6 de noviembre de 2026.
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Tailandia ha puesto en marcha un nuevo sistema digital para la tramitación de visados de larga duración (Long-Term Resident, LTR), que permiten a inversores extranjeros, jubilados con recursos económicos y profesionales altamente cualificados residir en el país hasta diez años. Desde el inicio del programa en septiembre de 2022, las autoridades han aprobado más de 12 000 solicitudes, con un impacto económico total estimado en 1.28 mil millones de dólares.
En el sistema están integrados el Departamento de Asuntos Consulares, la Oficina de Inmigración, el Departamento de Empleo y la Agencia Tributaria de Tailandia.
Anteriormente, los solicitantes tenían que tratar con varios organismos públicos, lo que complicaba la tramitación de visados y permisos de trabajo.
La nueva plataforma, puesta en marcha en septiembre de 2026, garantiza la tramitación centralizada de los documentos y el intercambio de información entre los organismos.
Además, los inversores y especialistas extranjeros pueden dirigirse al Thailand Investment and Expat Services Center (TIESC), con sede en el complejo empresarial One Bangkok, en Bangkok.
Según datos de la BOI, en los cuatro años de aplicación del programa, 12 010 ciudadanos extranjeros han obtenido la autorización para obtener un permiso de residencia de larga duración (LTR).
El primer puesto en cuanto al número de solicitudes aprobadas lo ocupan los ciudadanos estadounidenses, con más de 2 400 personas.
En segundo lugar se encuentra Japón, con más de 1 300 autorizaciones, y en tercer lugar, el Reino Unido, con más de 1 000.
Una parte significativa de los participantes japoneses son especialistas altamente cualificados que trabajan en la industria automovilística, la electrónica y otros sectores tecnológicos de Tailandia.
La categoría más numerosa de beneficiarios del LTR la constituyen los jubilados acaudalados. Según las estadísticas publicadas, la distribución de los participantes en el programa es la siguiente:
Jubilados acaudalados (Wealthy Pensioners): 4.561 personas.
Familiares de los titulares principales (Dependents): 3.891.
Profesionales altamente cualificados (Highly-Skilled Professionals): 1.779.
Profesionales que trabajan a distancia para empresas extranjeras (Work-from-Thailand Professionals): 1 043.
Inversores acaudalados (Wealthy Global Citizens): 737.
Entre los titulares de visados de estas dos categorías profesionales, el 54 % ocupa puestos directivos, mientras que otro 36 % son especialistas en diversos ámbitos.
Sin embargo, en el informe publicado por la BOI no se incluyen datos concretos sobre el número de ciudadanos ucranianos que participan en el programa.
Según las estimaciones del Consejo de Inversiones, en cuatro años el programa LTR ha aportado a la economía tailandesa unos 43 000 millones de baht, es decir, 1 280 millones de dólares.
De media, cada titular de visado aporta más de 3,6 millones de baht, lo que equivale a un efecto económico de aproximadamente 107 000 dólares.
En el cálculo se incluyen las inversiones directas de extranjeros, los gastos de manutención y consumo dentro del país, las tasas de visado y los ingresos fiscales procedentes de los especialistas altamente cualificados.
Por lo tanto, la cifra de 1.28 mil millones de dólares no significa que toda esta suma haya entrado en Tailandia exclusivamente en forma de inversión extranjera directa.
El secretario general de la BOI, Narit Therdsterasukdi, señaló que el programa contribuye a atraer a especialistas internacionales y directivos de empresas, necesarios para el desarrollo de sectores de alta tecnología.
En concreto, Tailandia está interesada en ampliar la producción de semiconductores, así como en el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica, la industria aeronáutica, las biotecnologías y la electrónica de vanguardia.
El programa «Long-Term Resident» contempla cuatro categorías principales de ciudadanos extranjeros: inversores acaudalados, jubilados con recursos económicos, especialistas que trabajan a distancia para empresas extranjeras y profesionales altamente cualificados.
Para cada categoría se establecen requisitos específicos en materia de ingresos, valor de los activos, inversiones, actividad profesional y seguro médico.
En enero de 2025, el Gobierno de Tailandia ya había flexibilizado una serie de condiciones de participación en el programa.
En concreto, se eliminó el requisito obligatorio de contar con al menos cinco años de experiencia profesional para los especialistas altamente cualificados y los trabajadores a distancia.
Para los trabajadores a distancia, la facturación mínima de la empresa extranjera empleadora se redujo de 150 millones de dólares a 50 millones de dólares.
En el caso de los inversores acaudalados, el énfasis pasó de exigirse unos ingresos anuales de 80 000 dólares a requerir la posesión de activos e inversiones a largo plazo en Tailandia por un importe mínimo de 500 000 dólares.
Estos cambios han ampliado el círculo de posibles participantes en el programa; sin embargo, el nuevo portal digital de 2026 no suprime por sí mismo los requisitos financieros vigentes.
El visado LTR otorga el derecho de residencia por un período de hasta diez años: inicialmente, el permiso se concede por cinco años, tras los cuales puede prorrogarse otros cinco siempre que se mantengan las condiciones establecidas.
Entre las ventajas del programa se encuentran los trámites simplificados de declaración de inmigración, la posibilidad de obtener un permiso de trabajo digital para las categorías correspondientes y determinadas ventajas fiscales.
El coste de la tramitación del visado LTR en Tailandia, una vez aprobado, asciende a 50 000 baht. La presentación de la solicitud y su examen preliminar son gratuitos.
No obstante, la LTR es un visado de larga duración, no una concesión automática de permiso de residencia permanente ni de la ciudadanía tailandesa. Además de la LTR, el país sigue utilizando instrumentos especiales de visado para directivos extranjeros de empresas y emprendedores tecnológicos, entre los que se incluyen el visado BOI y el visado Smart.
El Consejo de Inversiones de Tailandia considera estos mecanismos como parte de la política estatal destinada a atraer capital extranjero, personal cualificado y a impulsar el desarrollo de los sectores tecnológicos de la economía.
El modelo de reforma del sistema de reservas propuesto por el Consejo de Ministros a finales de octubre de este año necesita una revisión en profundidad, ya que no se ajusta ni a la lógica económica ni a la de seguridad, ha declarado Andriy Dligach, fundador y presidente del grupo empresarial Advanter Group.
«La reserva es un instrumento para preservar el capital humano necesario para la capacidad de defensa del país. La economía no compite con el ejército, sino que lo financia. Es precisamente el sector empresarial el que garantiza la producción, paga impuestos y genera los recursos para la defensa», subrayó en una publicación en su página de Facebook.
Según él, en estos momentos las empresas ucranianas se encuentran al límite de su sostenibilidad: la facturación media de las empresas se sitúa en torno al 85 % del nivel de 2025, las reservas financieras se están agotando y una nueva selección de personal de importancia crítica podría provocar el cese de la actividad empresarial.
Dligach está convencido de que la reforma del sistema debe comenzar con una auditoría del uso de los recursos humanos en las Fuerzas de Defensa, así como con una evaluación de las posibilidades de rotación y optimización. Como uno de los modelos prometedores, propone introducir el principio «2+2» (dos años de servicio militar y dos años de trabajo civil), además de desarrollar paralelamente el reclutamiento y aumentar la motivación.
Al comentar la lucha contra la corrupción en el ámbito de la reserva de personal, el experto señaló que este problema no debe resolverse destruyendo las empresas, sino creando la posibilidad de reservar al menos el 15 % del personal clave. Según sus cálculos, esto reducirá la demanda de corrupción, contribuirá a la legalización de los salarios y podría aportar a la economía unos 250 000 millones de hryvnias.
«El ejército y la economía no son competidores, sino dos componentes de la seguridad nacional. Sin una economía fuerte no habrá recursos para un ejército fuerte. Por eso, Ucrania necesita una estrategia integral de gestión del capital humano que garantice la capacidad de defensa, preserve las empresas y dé al país la posibilidad de resistir en una guerra prolongada», resumió Dligach.
Como se informó, el 23 de octubre el Consejo de Ministros completó la implantación de cambios en el sistema de reservas, separando el carácter crítico de las empresas de los indicadores económicos y actualizando los criterios sectoriales y regionales. El Gobierno también redujo el nivel máximo de reserva para los sectores energético y de la industria de defensa del 100 % al 95 %, con la posibilidad de presentar una solicitud motivada ante el Centro de Coordinación especial en caso de que sea necesario aumentar la cuota, además de anunciar un mecanismo de reserva del 100 % siempre que se cumpla la obligación de movilización relativa a la incorporación voluntaria y periódica de trabajadores al servicio militar.
El Gobierno también ha creado un Centro de Coordinación para la organización de la reserva de personas sujetas a la obligación militar durante el período de movilización y el estado de guerra, de conformidad con la resolución n.º 1328, de 23 de octubre. Se ha nombrado copresidentes del Centro de Coordinación al viceministro de Economía y Medio Ambiente y al viceministro de Defensa, y las principales tareas del centro consisten en examinar las propuestas de los organismos estatales relativas a la determinación del carácter crítico de las empresas, el aumento de los volúmenes de reserva y la formulación de recomendaciones sobre la revocación de las decisiones correspondientes en un plazo de hasta un mes o de hasta siete días laborables en caso de examen urgente.
El primer ministro, Serhii Koretskyi, explicó que los cambios son necesarios debido al elevado ritmo de concesión de aplazamientos y a la necesidad de evitar abusos, en los que se crean empresas de forma artificial para realizar reservas masivas sin participar realmente en la ejecución de tareas importantes.
La FRU y la SUP presentaron una serie de propuestas para la resolución. En concreto, la FRU propuso establecer un período transitorio de dos meses en caso de que se suprimiera el criterio de criticidad, prorrogar la vigencia de las resoluciones vigentes que expiran en noviembre y diciembre, así como eliminar la lista restringida de sectores para garantizar la igualdad de acceso de las empresas. Por su parte, la SUP instó a mantener el criterio de «criticidad» vigente hasta el final de su vigencia para las empresas que cumplan los requisitos, a reducir los plazos de tramitación de los documentos, a precisar el concepto de «implicación en los procesos de producción» para los trabajadores del sector de la industria de defensa y del sector energético, así como a establecer la proporcionalidad de la responsabilidad de los directivos por el incumplimiento del registro militar.
Fuente: https://www.facebook.com/share/p/19GUkU4VLU/
Según informa Experts.news, la producción industrial en Ucrania en septiembre de 2026 se redujo un 9,2 % en comparación con el mismo mes de 2025, tras una caída del 6,1 % en agosto y del 1,7 % en julio, según informó el 3 de noviembre el Servicio Estatal de Estadística de Ucrania (Derzhstat).
Según datos del organismo estadístico, en septiembre, en comparación con agosto de 2026, la producción industrial aumentó un 2,7 %.
En total, entre enero y septiembre de 2026, los volúmenes de producción industrial se redujeron un 1,9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De este modo, el descenso de la producción industrial en términos interanuales se acelera por tercer mes consecutivo. Si en mayo se registró un crecimiento del 0,3 % y en junio del 1,1 %, en julio la industria volvió a mostrar una evolución negativa.
Así, en los ocho primeros meses de 2026, la caída de la producción industrial fue del 1 %, y tras incorporar los resultados de septiembre se agravó hasta el 1,9 %.
La evolución más negativa en los nueve primeros meses se observó en la producción metalúrgica, donde los volúmenes de producción se redujeron un 18,2 %. En la producción de coque y productos derivados del petróleo, el descenso fue del 18,1 %; en la fabricación de equipos eléctricos, del 17,8 %; y en el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, del 16,7 %.
Al mismo tiempo, algunos sectores registraron un crecimiento. En concreto, la fabricación de maquinaria y equipos aumentó un 36,5 %, la de ordenadores, productos electrónicos y ópticos, un 17,1 %, la de productos alimenticios, un 2,8 %, y la de productos químicos, un 2,7 %.
De este modo, la industria de Ucrania muestra una dinámica dispar: el crecimiento en determinados segmentos de la ingeniería mecánica y la transformación va acompañado de una reducción significativa de la producción en los sectores industriales básicos.
Como se informó, al cierre de 2025, la producción industrial en Ucrania se redujo un 1,7 %, mientras que en 2024 se registró un crecimiento del 4,7 %.
Los datos de la Oficina Estatal de Estadística se presentan sin tener en cuenta los territorios ocupados temporalmente por la Federación Rusa ni parte de los territorios en los que se están llevando a cabo o se han llevado a cabo acciones bélicas.
Según informa Experts Club, la agencia internacional de calificación Fitch Ratings revisó de forma extraordinaria el 30 de octubre de 2026 la perspectiva de la calificación crediticia soberana a largo plazo de Francia, cambiándola de «estable» a «negativa», aunque mantuvo la calificación en A+. Esta decisión está relacionada con el deterioro de las finanzas públicas de la segunda economía más grande de la zona del euro, la desaceleración del crecimiento económico y el aumento del coste del servicio de la deuda, según informó la agencia Reuters citando un comunicado de Fitch.
La agencia de calificación señaló que, desde la última revisión en agosto de 2026, los indicadores crediticios de Francia se han deteriorado drásticamente. El crecimiento económico ha resultado más débil de lo esperado, la rentabilidad de los bonos del Estado ha aumentado considerablemente y las perspectivas de reducción del déficit presupuestario se han vuelto menos seguras.
A Fitch le preocupa especialmente la evolución de la deuda pública, que, según las previsiones de la agencia, aumentará del 115,7 % del PIB en 2025 a aproximadamente el 124 % del PIB en 2028.
De este modo, en tres años, la carga de la deuda de Francia podría aumentar en más de 8 puntos porcentuales del PIB, a pesar de los planes de consolidación presupuestaria anunciados por el Gobierno.
Según las estimaciones de Fitch, el volumen total de la corrección presupuestaria necesaria para estabilizar la deuda pública asciende ahora a alrededor del 3,5 % del PIB, frente al 3 % del PIB de la previsión de agosto.
El aumento de los gastos de servicio de la deuda pública supone un problema adicional. La agencia prevé que los pagos de intereses de la deuda aumenten del 2,5 % del PIB en 2025 al 3,3 % del PIB en 2028.
Esto significa que una parte cada vez mayor de los recursos presupuestarios se destinará al pago a los acreedores, lo que limitará las posibilidades de financiar otros gastos públicos sin aumentar los impuestos ni contraer nueva deuda.
Fitch prevé que el déficit del sector público francés en 2027 se sitúe en el 5,5 % del PIB. Esto supera con creces el límite del 3 % del PIB establecido por las normas presupuestarias europeas.
No obstante, el Gobierno francés prevé reducir el déficit hasta el 5 % del PIB en 2027. La previsión más elevada de Fitch refleja las dudas de la agencia sobre la viabilidad de llevar a cabo las medidas de ahorro previstas y de obtener ingresos presupuestarios adicionales.
Los cambios negativos en la economía también se ven confirmados por las últimas estadísticas oficiales.
Según la estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE), publicada el 30 de octubre, el PIB del país se contrajo un 0,1 % en el tercer trimestre de 2026, tras un crecimiento nulo en el segundo trimestre.
Al mismo tiempo, las exportaciones descendieron un 1,7 % con respecto al trimestre anterior, mientras que las inversiones en capital fijo se redujeron un 0,6 %.
La inflación supuso un factor de presión adicional, ya que, según los datos de octubre publicados por el INSEE, se aceleró hasta el 3,4 % en términos interanuales.
La situación en el mercado de bonos del Estado también refleja el aumento de la inquietud de los inversores.
El rendimiento de los bonos franceses a diez años superaba el 5,14 % a finales de octubre, alcanzando sus máximos desde 2002.
El aumento de los rendimientos supone un incremento del coste de captación de nuevos fondos por parte del Estado y un aumento gradual de los gastos de refinanciación de la deuda existente.
Reviste especial importancia el aumento del diferencial entre los rendimientos de los bonos del Estado franceses y alemanes, que tradicionalmente se utilizan como referencia básica para evaluar los riesgos de deuda en la zona del euro.
En octubre, este diferencial alcanzó los 178 puntos básicos, frente a los aproximadamente 85 puntos de principios de septiembre, lo que pone de manifiesto un notable aumento de la prima de riesgo de los títulos de deuda pública franceses.
Fitch también destaca las limitaciones políticas que afectan a la política presupuestaria.
El Gobierno francés carece de una mayoría parlamentaria estable, y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 complica la concertación de recortes de gasto y cambios fiscales.
Las protestas masivas relacionadas con el coste de la vida, la financiación de los servicios públicos y las reformas socioeconómicas generan una presión adicional.
Según la agencia, la fragmentación política y el tenso clima social dificultan la aplicación de una política coherente a largo plazo para reducir el déficit presupuestario.
No obstante, Fitch considera que el presupuesto para 2027 podría aprobarse recurriendo a los mecanismos previstos en la Constitución francesa, incluso sin una mayoría estable en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la mera aprobación del presupuesto no garantiza el cumplimiento de los objetivos financieros anunciados si el crecimiento económico sigue siendo débil y el gasto en el servicio de la deuda continúa aumentando.
El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Roland Lescure, comunicó en un comunicado oficial del 30 de octubre que el Gobierno toma nota de la decisión de Fitch.
Según él, esta confirma la necesidad de aprobar antes de fin de año un presupuesto responsable, destinado a reducir el déficit de las finanzas públicas al 5 % del PIB.
El ministro subrayó que el Gobierno tiene la intención de continuar con la consolidación presupuestaria y garantizar unas condiciones previsibles para la actividad económica.
La decisión de Fitch supone una nueva advertencia de las principales agencias de calificación internacionales sobre la situación financiera de Francia.
El 23 de octubre, Moody’s mantuvo la calificación crediticia del país en Aa3 con perspectiva negativa. Por su parte, S&P Global Ratings califica a Francia con un A+ y perspectiva estable.
De este modo, dos de las tres principales agencias internacionales de calificación tienen ahora una perspectiva negativa respecto a la deuda pública francesa.
Fitch tiene previsto realizar la próxima revisión de la calificación de Francia a más tardar a finales de febrero de 2027.
La perspectiva negativa no implica una rebaja automática de la calificación, pero indica un mayor riesgo de que se produzca dicha rebaja en el futuro si las finanzas públicas siguen deteriorándose.
Al mismo tiempo, la agencia destaca que la calificación actual de A+ se sustenta en la envergadura y la diversificación de la economía francesa, el elevado nivel de renta de la población, la solidez de las instituciones públicas, la pertenencia a la zona del euro y un sector bancario relativamente estable.
Para la economía europea, el empeoramiento de las perspectivas presupuestarias de Francia reviste importancia, sobre todo, debido a la magnitud de su deuda pública y al papel que desempeña el mercado financiero francés en la zona del euro.
Un nuevo aumento del coste de la financiación pública podría incrementar los gastos de servicio de la deuda, limitar las posibilidades de estímulo presupuestario y agravar la presión sobre las finanzas públicas.
Además, el mantenimiento de una alta rentabilidad de los bonos del Estado podría afectar a las condiciones de crédito de las empresas y los hogares franceses, ya que el coste de la financiación soberana es uno de los puntos de referencia para el mercado financiero.
Fitch Ratings es una de las tres mayores agencias internacionales de calificación crediticia, junto con S&P Global Ratings y Moody’s. La agencia evalúa la solvencia de Estados, empresas y entidades financieras. La calificación A+ pertenece a la categoría de inversión y refleja una capacidad relativamente alta del deudor para cumplir con sus obligaciones financieras.
Anteriormente, el centro de análisis Experts Club elaboró un análisis en vídeo sobre la deuda externa de los países del mundo: https://youtube.com/shorts/fUTLp6l_fTY?si=A2hpjEt0CCViKKnh
Calificación crediticia, deuda pública, economía, Francia, presupuesto
El primer ministro de Rumanía, Luca Niculescu, ha declarado que una posible unión entre Rumanía y la República de Moldavia depende de la voluntad de los ciudadanos de ambos Estados; sin embargo, la prioridad actual de Bucarest sigue siendo el fortalecimiento de la cooperación económica bilateral y el apoyo a la adhesión de Moldavia a la Unión Europea. Así lo comunicó el jefe del Gobierno rumano el 27 de octubre de 2026 en una entrevista concedida a TVR Moldova durante su visita oficial a Chisinau.
«Esto ocurrirá cuando así lo deseen los ciudadanos de ambos países», declaró Niculescu al responder a una pregunta sobre las perspectivas de unificación.
Según él, entre Rumanía y Moldavia existen estrechos vínculos históricos, culturales y económicos, por lo que la cuestión de una posible unificación sigue siendo objeto de debate público.
Al mismo tiempo, el primer ministro subrayó que, en la actualidad, el Gobierno rumano se centra en un mayor acercamiento entre ambos Estados y en acelerar la integración europea de Moldavia.
Niculescu realizó su primera visita al extranjero tras asumir el cargo de primer ministro de Rumanía precisamente en Chisinau, donde mantuvo conversaciones con su homólogo moldavo, Vasile Tofan, y con la presidenta Maia Sandu.
Durante las conversaciones, las partes prestaron especial atención a la ampliación de la cooperación comercial y económica, al desarrollo de la infraestructura energética y de las conexiones de transporte, así como a la captación de inversiones rumanas.
Según Niculescu, el volumen de comercio entre Rumanía y Moldavia alcanzó en 2025 aproximadamente 4.500 millones de euros. Las inversiones rumanas han permitido crear alrededor de 12.000 puestos de trabajo en el territorio de Moldavia.
Una de las prioridades de la cooperación bilateral sigue siendo el desarrollo de corredores de transporte a través del río Prut. Las partes debatieron la aceleración de la construcción del puente en la zona de Ungheni, la modernización de la infraestructura fronteriza y la organización de un control conjunto en el paso fronterizo de Cantemir-Fălciu.
En el ámbito energético, se debatió la ampliación de las conexiones eléctricas entre ambos países, incluida la construcción de la línea Beltsy-Suceava.
Además, Moldavia está interesada en la adquisición de gas natural que se extraerá en la plataforma continental rumana del mar Negro en el marco del proyecto Neptun Deep, una vez que este entre en funcionamiento.
Durante la visita, los primeros ministros también se informaron sobre el estado de avance del proyecto de modernización de la subestación de Chisinau, que forma parte de la nueva línea de transmisión eléctrica Vulcanesti-Chisinau, de 157 km de longitud.
La nueva infraestructura energética debería reforzar la independencia de Moldavia respecto al suministro de electricidad a través de la región de Transnistria y ampliar las posibilidades de importación desde el mercado europeo.
Las partes prestaron especial atención a la participación de las empresas rumanas en la economía moldava. Entre los sectores con mayor potencial se mencionaron la industria, la energía, las tecnologías y la infraestructura de transporte.
El primer ministro de Moldavia, Vasile Tofan, también propuso considerar al país como una plataforma para la participación de empresas rumanas en los proyectos de reconstrucción de Ucrania.
La cuestión de la seguridad regional se convirtió en otro tema importante de las negociaciones, en el contexto de la guerra que Rusia sigue librando contra Ucrania.
Tofan afirmó que la seguridad de Ucrania, Moldavia y Rumanía está estrechamente interrelacionada, y que los ataques aéreos rusos y las violaciones del espacio aéreo suponen una amenaza para toda la región.
Según el primer ministro moldavo, desde el inicio de la guerra a gran escala se han registrado más de 100 sobrevuelos no autorizados en el espacio aéreo del país.
Niculescu confirmó la intención de Bucarest de seguir apoyando la integración europea de Moldavia, lo que incluye facilitar la apertura de los capítulos de negociación pendientes antes de que finalice 2026.
De este modo, el Gobierno rumano considera la integración económica, el desarrollo de infraestructuras comunes y la adhesión de Moldavia a la UE como ejes prioritarios de la cooperación. La posible unión política de ambos Estados sigue siendo una cuestión aparte, cuya resolución, según la postura de Niculescu, debe basarse en la voluntad expresada por sus ciudadanos.
Rumanía y la República de Moldavia comparten una frontera de unos 680 km, así como estrechos vínculos lingüísticos y culturales. La mayor parte del territorio de la actual Moldavia formó parte de Rumanía entre 1918 y 1940. Tras el colapso de la URSS, la República de Moldavia proclamó su independencia el 27 de agosto de 1991. Rumanía es miembro de la Unión Europea desde 2007, mientras que Moldavia obtuvo el estatus de país candidato a la adhesión a la UE en junio de 2022, y las negociaciones oficiales de adhesión comenzaron en junio de 2024.
