Turquía ha instado a Rusia y Ucrania a acordar una moratoria sobre los ataques contra buques e instalaciones relacionadas con la navegación en el mar Negro, ante el fuerte aumento del número de ataques contra la flota mercante.
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró el 8 de agosto que Ankara propone a las partes crear un mecanismo especial que permita poner fin a los ataques mutuos en el mar Negro.
«Hemos instado a ambas partes a crear un mecanismo para declarar una moratoria», afirmó Fidan en una entrevista con la agencia estatal turca Anadolu. Según él, Ucrania ya había presentado anteriormente una propuesta similar, tras lo cual Turquía la transmitió a la parte rusa y ahora espera la reacción de Moscú.
El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores turco señaló que la guerra se ha extendido, de hecho, a todo el mar Negro. Si al principio los ataques afectaban principalmente a puertos militares y buques de guerra, ahora los buques mercantes son blanco de los ataques cada vez con mayor frecuencia.
A Ankara le preocupan especialmente los ataques contra buques vinculados a Turquía: aquellos que navegan bajo pabellón turco, pertenecen a empresas turcas o cuentan con tripulantes turcos.
Según Fidan, Rusia y Ucrania también atacan instalaciones logísticas de importancia para la parte contraria, y la ampliación de estas acciones se está convirtiendo en algo «extremadamente peligroso».
La declaración de Ankara se produjo tras un fuerte empeoramiento de la situación de seguridad de la navegación mercante.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania, citados por Reuters, solo en julio Ucrania registró 35 ataques contra buques en puertos, 22 ataques contra buques en alta mar y 67 ataques contra infraestructuras portuarias.
A modo de comparación: durante todo el año 2025, Reuters contabilizó 14 ataques contra buques en el segmento ucraniano del mar Negro. Al mismo tiempo, Ucrania ha intensificado sus ataques contra petroleros vinculados al comercio petrolero ruso. Moscú y Kiev afirman que sus objetivos son instalaciones relacionadas con la actividad militar.
La escalada ya está afectando al comercio mundial de cereales y petróleo. Más del 90 % de las exportaciones agrícolas del país pasan por los puertos ucranianos del Mar Negro, mientras que los puertos rusos de Novorossiysk y Tuapse siguen siendo importantes centros de exportación de cereales y productos petrolíferos.
El coste del seguro militar de los buques que hacen escala en los puertos del Mar Negro ha aumentado hasta aproximadamente el 2 % del valor del buque, frente al 1 % de hace dos semanas, y el coste del fletamento de los petroleros en determinadas rutas ha superado los 300 000 dólares al día.
Ante el aumento de los riesgos, se ha sabido que Turquía ha comenzado a restringir el paso de determinados buques comerciales al mar Negro. Sin embargo, el 9 de agosto, dos funcionarios turcos comunicaron a Reuters que el tráfico por el Bósforo y los Dardanelos continúa con normalidad. Ankara ha introducido efectivamente medidas de seguridad adicionales de carácter temporal, pero estas no suponen el cierre de los estrechos a la navegación comercial.
El paso está regulado por la Convención de Montreux de 1936, que otorga a Turquía el control sobre el Bósforo y los Dardanelos, así como facultades especiales en lo que respecta a los buques militares, al tiempo que garantiza la libertad de paso a los buques civiles.
Para Ankara, la seguridad del mar Negro reviste una importancia económica fundamental. Por esta región circulan grandes flujos de productos agrícolas rusos y ucranianos, petróleo y derivados, y los armadores turcos operan activamente en estas rutas.
Desde el inicio de la guerra a gran escala, Turquía mantiene contactos tanto con Kiev como con Moscú e intenta desempeñar un papel de mediador. Ankara no se ha sumado a las sanciones occidentales contra Rusia, aunque sigue cooperando con Ucrania y ha actuado en repetidas ocasiones como mediadora en cuestiones relacionadas con la navegación en el Mar Negro.
El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ha propuesto instaurar una moratoria temporal sobre la inmigración legal por un periodo de tres años, afirmando que el país ha llegado al límite de su capacidad para integrar y asimilar a los recién llegados.
Según Le Parisien, citando una entrevista de Darmanin al Journal du Dimanche, el ministro considera necesario «poner fin a la inmigración tal y como existe hoy en día». Propone suspender la inmigración legal durante tres años y reformar la Constitución para introducir cuotas restrictivas, y no solo recomendatorias, para la entrada de extranjeros.
Anteriormente, Darmanin ya se había pronunciado a favor de una suspensión temporal de la inmigración regular durante dos o tres años. Se refería a la migración laboral y a la reagrupación familiar, si bien se podrían mantener posibles excepciones para médicos, investigadores y determinadas categorías de estudiantes. Tras la moratoria, el ministro proponía pasar a un sistema de cuotas migratorias, cuyo volumen se determinaría tras consultar a los ciudadanos.
La propuesta de Darmanin aún no es una política estatal adoptada. Para su implementación se necesitarán una decisión política, un procedimiento legislativo y, según el propio ministro, una modificación de la Constitución. Sin embargo, la iniciativa pone de manifiesto el recrudecimiento del debate migratorio en Francia en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027.
Las posibles restricciones podrían afectar a varios canales principales de entrada legal: la migración laboral, parte de los programas de estudios y la reagrupación familiar. Al mismo tiempo, Francia necesita personal extranjero en medicina, ciencia, determinados sectores de servicios y profesiones con escasez de mano de obra, lo que hace que una posible moratoria resulte políticamente y económicamente controvertida.
La cuestión migratoria sigue siendo uno de los temas centrales de la política interior de Francia. Según datos de Le Monde, en 2025 el país expidió más de 380 000 primeros permisos de residencia a ciudadanos de países no pertenecientes a la UE, lo que supone un 11 % más que el año anterior. Aproximadamente la mitad de los nuevos permisos correspondieron a estudiantes y motivos humanitarios: los estudiantes internacionales obtuvieron unos 118 000 permisos, las categorías humanitarias —unos 92 000—, la migración familiar ascendió a unos 91 000, mientras que la inmigración profesional se redujo casi un 13 %, hasta unos 51 000 permisos.
En la estructura general de la inmigración en Francia, históricamente predominan los procedentes del norte de África y del sur de Europa. Según los datos proporcionados por The Connexion a partir de INSEE, entre los inmigrantes por país de nacimiento, los grupos más numerosos son los procedentes de Argelia (12,4 %), Marruecos (11,7 %), Portugal (7,3 %), Túnez (4,9 %), Italia (3,6 %), Turquía (3,4 %) y España (3,1 %). Estos siete países representan el 46,4 % del total de inmigrantes en Francia.
Los ucranianos ocupan un lugar especial en el panorama migratorio actual de Francia como beneficiarios de protección temporal tras el inicio de la guerra a gran escala de la Federación de Rusia contra Ucrania. Según datos de Eurostat, a finales de marzo de 2026, 4,33 millones de ciudadanos y residentes de Ucrania gozaban de protección temporal en los países de la UE. Los principales países de acogida de refugiados fueron Alemania, Polonia y la República Checa. En las tablas de Eurostat por países, para Francia se indican, a marzo de 2026, unas 70 700 personas bajo protección temporal.
Para Francia, una posible moratoria supondría uno de los giros más drásticos en la política migratoria de los últimos años. Para las empresas, puede suponer un acceso más complicado a la mano de obra extranjera; para las universidades, el riesgo de una reducción de la matriculación internacional; y para los programas de migración familiar, una incertidumbre adicional. Al mismo tiempo, los ucranianos bajo protección temporal se rigen por un régimen europeo específico, que opera en el marco de las decisiones de la UE y no es una inmigración laboral o familiar convencional.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha cancelado la moratoria sobre la emisión de nuevas licencias de exportación de gas natural licuado (GNL) impuesta por su predecesor Joe Biden. El Departamento de Energía de EEUU anunció que vuelve al régimen normal de revisión de solicitudes de exportación de acuerdo con la orden de Trump.
«El Departamento ha recibido instrucciones para reanudar la revisión de las solicitudes de exportación de GNL estadounidense a países que no tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La revisión adecuada de las solicitudes de exportación es requerida por la ley y debe llevarse a cabo en consecuencia», dijo el Ministerio de Energía en un comunicado.
En diciembre, el Ministerio publicó los resultados de un estudio sobre las exportaciones de GNL y fijó el 18 de febrero como fecha límite para los comentarios públicos al respecto. Ahora, el Ministerio de Energía ha decidido ampliar el periodo de comentarios hasta el 20 de marzo de 2025.
Anteriormente, el think tank Experts Club, Brian Mefford y Maxim Urakin, publicaron un análisis en vídeo de los cambios que se esperan en la política interior y exterior de EE.UU. bajo Trump, el vídeo está disponible en el canal de YouTube de Experts Club – https://youtu.be/W2elNY1xczM?si=MM-QjSqGce4Tlq6T
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